Antonio Antón Ciudadanía indignada y representación social y política
Existe una corriente social indignada, una ciudadanía activa, y es un nu
evo elemento positivo y clave en el escenario sociopolítico. Se refleja en el debate público aunque esté por ver cómo se articulan la continuidad de sus procesos de expresión y movilización, su consistencia y sus consecuencias políticas. Y, particularmente, cómo se articula su representación social, qué alcance y qué combinación van a tener los dos principales movimientos sociopolíticos que, de diferentes formas y distintos momentos, han canalizado el malestar ciudadano y la indignación popular: el sindicalismo y el movimiento 15-M.
Sin embargo, esa opinión ciudadana es discordante con el comportamiento electoral, más fragmentado, y el sistema de representación política, sobre los que median otros mecanismos e inercias. En ese sentido, hay una disociación entre la esfera social y la política, aunque ambas se interrelacionan. Un campo social se consolida cuando tiene unas bases propias sólidas y sus efectos se van trasladando al campo político e institucional; no necesariamente en forma electoral, pero sí en el condicionamiento de las políticas públicas y las decisiones institucionales, es decir, en la influencia sociopolítica y la transformación del poder. Al revés, el sistema político tiende a asumir las funciones exclusivas de representación, reducir la participación ciudadana al marco electoral y utilizar su hegemonía institucional para debilitar la propia articulación asociativa de la sociedad y los movimientos sociales.
Dicho de otro modo, existe una relativa crisis de la representatividad de las élites políticas actuales. La clase política aparece en los últimos Barómetros del CIS no como la solución, sino como el tercer gran problema de la sociedad (tras el paro y las incertidumbres económicas). Por otro lado, para guiar los asuntos públicos tanto Zapatero cuanto Rajoy no llegan a tener la confianza ni de una quinta parte de la ciudadanía. Así mismo, en el Barómetro Continuo de Confianza Ciudadana elaborado por Demoscopia (ver El País, 7 de agosto de 2011), los políticos (con una puntuación de 2,6) y los partidos políticos (2,8) son las instituciones que menor confianza inspiran a los ciudadanos, seguidos de los bancos (2,9) y el actual Gobierno –socialista- del Estado (3). Por el contrario, son las instituciones que ofrecen educación, sanidad, protección social y seguridad las mejor valoradas (más de 6,5). Por último, hay que destacar como preocupante la baja puntuación dada a los sindicatos (3,3) que expresa la poca confianza que inspiran a la ciudadanía, particularmente, tras su compromiso con el acuerdo de recorte de las pensiones públicas (rechazado por la mayoría social y tal como se ve una de las instituciones que goza de mayor confianza ciudadana).
Por tanto, las decisiones de la clase política ya no pueden ampararse sólo en la legitimidad de la delegación de voto cada cuatro años sino que deben tener más en cuenta y de forma permanente la voz ciudadana. Esa débil confianza en la clase política para conducir la gestión socioeconómica no es total o general, ni afecta a todos los planos. Es evidente, aun con ambivalencias, el apoyo de la mayoría ciudadana a las política sociales, a un empleo decente y a los principales mecanismos del Estado de bienestar, así como su oposición a sus recortes (cercana al 80% respecto a algunos como prolongar la edad de jubilación), aunque hayan sido avalados por una amplia mayoría parlamentaria y del sistema político e incluso de los medios de comunicación. Por otro lado, los partidos políticos con responsabilidad institucional conservan, incluido el propio PSOE, un amplio respaldo electoral, a veces combinado con el rechazo a sus líderes o a parte sustancial de su gestión, particularmente de las diferentes formas de corrupción existentes.
evo elemento positivo y clave en el escenario sociopolítico. Se refleja en el debate público aunque esté por ver cómo se articulan la continuidad de sus procesos de expresión y movilización, su consistencia y sus consecuencias políticas. Y, particularmente, cómo se articula su representación social, qué alcance y qué combinación van a tener los dos principales movimientos sociopolíticos que, de diferentes formas y distintos momentos, han canalizado el malestar ciudadano y la indignación popular: el sindicalismo y el movimiento 15-M.
Sin embargo, esa opinión ciudadana es discordante con el comportamiento electoral, más fragmentado, y el sistema de representación política, sobre los que median otros mecanismos e inercias. En ese sentido, hay una disociación entre la esfera social y la política, aunque ambas se interrelacionan. Un campo social se consolida cuando tiene unas bases propias sólidas y sus efectos se van trasladando al campo político e institucional; no necesariamente en forma electoral, pero sí en el condicionamiento de las políticas públicas y las decisiones institucionales, es decir, en la influencia sociopolítica y la transformación del poder. Al revés, el sistema político tiende a asumir las funciones exclusivas de representación, reducir la participación ciudadana al marco electoral y utilizar su hegemonía institucional para debilitar la propia articulación asociativa de la sociedad y los movimientos sociales.
Dicho de otro modo, existe una relativa crisis de la representatividad de las élites políticas actuales. La clase política aparece en los últimos Barómetros del CIS no como la solución, sino como el tercer gran problema de la sociedad (tras el paro y las incertidumbres económicas). Por otro lado, para guiar los asuntos públicos tanto Zapatero cuanto Rajoy no llegan a tener la confianza ni de una quinta parte de la ciudadanía. Así mismo, en el Barómetro Continuo de Confianza Ciudadana elaborado por Demoscopia (ver El País, 7 de agosto de 2011), los políticos (con una puntuación de 2,6) y los partidos políticos (2,8) son las instituciones que menor confianza inspiran a los ciudadanos, seguidos de los bancos (2,9) y el actual Gobierno –socialista- del Estado (3). Por el contrario, son las instituciones que ofrecen educación, sanidad, protección social y seguridad las mejor valoradas (más de 6,5). Por último, hay que destacar como preocupante la baja puntuación dada a los sindicatos (3,3) que expresa la poca confianza que inspiran a la ciudadanía, particularmente, tras su compromiso con el acuerdo de recorte de las pensiones públicas (rechazado por la mayoría social y tal como se ve una de las instituciones que goza de mayor confianza ciudadana).
Por tanto, las decisiones de la clase política ya no pueden ampararse sólo en la legitimidad de la delegación de voto cada cuatro años sino que deben tener más en cuenta y de forma permanente la voz ciudadana. Esa débil confianza en la clase política para conducir la gestión socioeconómica no es total o general, ni afecta a todos los planos. Es evidente, aun con ambivalencias, el apoyo de la mayoría ciudadana a las política sociales, a un empleo decente y a los principales mecanismos del Estado de bienestar, así como su oposición a sus recortes (cercana al 80% respecto a algunos como prolongar la edad de jubilación), aunque hayan sido avalados por una amplia mayoría parlamentaria y del sistema político e incluso de los medios de comunicación. Por otro lado, los partidos políticos con responsabilidad institucional conservan, incluido el propio PSOE, un amplio respaldo electoral, a veces combinado con el rechazo a sus líderes o a parte sustancial de su gestión, particularmente de las diferentes formas de corrupción existentes.
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