Cerca de 1.000 ejecuciones extrajudiciales

A comienzos de la década de 1990, los agentes de las fuerzas militares y de Policía eran responsables de cerca del 55% de los crímenes cometidos, mientras que el 18% correspondía a los paramilitares y el 27% a las guerrillas. Hacia 1997, año en que se conformaron las Auc, los porcentajes variaron radicalmente. A los miembros de las Fuerzas Armadas se les atribuyó el 10% de violaciones de derechos humanos y a los paramilitares el 63%. Algunos especialistas definieron este cambio simultáneo de porcentajes como la “pérdida del monopolio de la fuerza organizada por parte del Estado”. En realidad, las estadísticas mostraban que la Fuerza Pública había delegado la carga mayor de la perpetración de los abusos y crímenes a la estrategia paramilitar.Ahora, con la desmovilización de una parte de las estructuras paramilitares asistimos a un incremento de la violencia de las Fuerzas Armadas. La plataforma de organizaciones de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos ha elaborado una serie de informes que demuestran esa tendencia, y que documentan 908 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas presuntamente por agentes estatales entre 2002 y 2007, en 27 departamentos del país. El departamento más afectado es Antioquia con 183 víctimas. En relación con los seis años precedentes, las cifras totales registran un incremento del 92%. Ese aumento corresponde a la aplicación de la política de “seguridad democrática”, que se funda en la reiterada negación del principio de distinción entre civiles y militares, y en la presión por resultados ejercida por el Presidente de la República sobre los miembros de la Fuerza Pública.Más información en:http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=16207&idSeccion=25